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En una decisión que refuerza los criterios de protección en materia de niñez en situación de desprotección familiar, el Primer Juzgado de Familia de Ferreñafe, a cargo del señor juez Ronald Fabián Díaz Correa y con la actuación del secretario judicial Pedro Gianfranco Maluquish López, ha declarado la desprotección familiar definitiva y la condición de adoptabilidad de una niña de iniciales C.R.Q.B., quien actualmente cuenta con cinco años de edad. La resolución destaca por abordar de manera directa la responsabilidad económica de los progenitores, a pesar del abandono fáctico en el que se encontraba la menor desde los cinco meses de nacida, garantizando que el derecho alimentario sea cautelado de forma inmediata y efectiva.

Lo más trascendente de este fallo radica en la decisión del magistrado Díaz Correa de dictar, de oficio, una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos que deberá cumplir la madre biológica, tras un análisis exhaustivo bajo el principio del Interés Superior del Niño. El juzgado ha determinado que el ingreso de un menor a un Centro de Acogida Residencial (albergue) no exime a los padres de su deber de asistencia material; por el contrario, esta medida busca evitar que se traslade exclusivamente al Estado la carga económica que por ley corresponde a la familia de origen, asegurando que los recursos para el bienestar de la pequeña sean exigidos desde el primer momento.

La sentencia fundamenta que la desprotección en este caso no respondió únicamente a carencias económicas, sino a una conducta de desvinculación afectiva y una renuncia consciente al rol materno, detectándose incluso que la progenitora habría inducido a otros familiares a repetir conductas de abandono. Ante la inexistencia de una red familiar idónea y la nula voluntad de los padres por asumir su cuidado, el magistrado dispuso además la extinción de la patria potestad y la formación de un cuaderno cautelar de alimentos para ser remitido al Primer Juzgado de Paz Letrado, asegurando que la protección sea integral.

Con esta actuación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su rol como garante de los derechos fundamentales de la infancia, promoviendo una justicia de familia, más humana, oportuna y verdaderamente protectora.