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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente de Chiclayo, integrada por los magistrados Rosa Amelia Vera Melendez, Gerardo Galvez Rodriguez y Hector Luis Fernandez De La Torre (Director de debates), condenó a J. O. A. P. a once años de pena privativa de la libertad efectiva al ser hallado responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual y actos libidinosos, en agravio de la menor de iniciales O. E. Y. C.

La decisión fue adoptada por el colegiado luego de evaluar las pruebas actuadas durante el juicio oral, las cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado en los hechos materia de investigación.

Según lo expuesto durante el proceso, la menor fue interceptada cuando se dirigía a realizar actividades cotidianas cerca de su vivienda. En esas circunstancias, fue abordada por el sentenciado, quien intentó alejarla del lugar y realizó actos de connotación sexual en su contra. Gracias a la reacción de la adolescente, logró escapar y pedir ayuda a sus familiares.

La agraviada pudo identificar plenamente a su agresor debido a que se trataba de una persona conocida en la zona donde residía. Tras la denuncia, personal policial realizó un patrullaje por el sector, logrando ubicar e intervenir al investigado, quien posteriormente fue reconocido por la menor durante las diligencias correspondientes.

Luego del análisis integral de los medios probatorios presentados por las partes, el órgano jurisdiccional concluyó que se encontraba acreditada la responsabilidad penal de J. O. A. P., imponiéndole una condena de once años de prisión efectiva.

Asimismo, el colegiado fijó en ocho mil soles el monto que el sentenciado deberá abonar por concepto de reparación civil a favor de la agraviada y dispuso que sea sometido a tratamiento terapéutico, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, garantizando una respuesta oportuna y firme frente a los delitos que vulneran su integridad y desarrollo, en estricto respeto al debido proceso y a los derechos de las víctimas.